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Por
unanimidad legisladores de las Comisiones de Gobernación, Puntos
Constitucionales y Finanzas Publicas votaron por abrogar el decreto 87 del año 1945 y el decreto 86 del
ex mandatario Ignacio Pichardo Pagaza, publicado en la Gaceta de Gobierno del
año 1993.
TOLUCA,
Méx, a 7 de febrero de 2019.-Los legisladores que integran las Comisiones
Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Finanzas Públicas de la LX
Legislatura del Estado de México, aprobaron por unanimidad la abrogación del
decreto expedido el 18 de julio de 1945, por la XXXIV Legislatura mexiquense y
en consecuencia el decreto expedido por el entonces gobernador Ignacio Pichardo
Pagaza, en la Gaceta de Gobierno el 3 de mayo de 1993, para cancelar
privilegios económicos y la asignación por parte del gobierno estatal de
personal administrativo y seguridad a siete ex gobernadores de la entidad.
Al
terminó de la reunión de las Comisiones Unidas, el presidente de la Junta de
Coordinación Política, Maurilio Hernández González, anunció que se va a
convocar a sesión extraordinaria, la semana próxima para la aprobación y
discusión en el pleno del Congreso del Estado de México, tras el dictamen de la
iniciativa que presentó el Grupo Parlamentario de Morena.
Por
su parte, Azucena Cisneros Coss, en representación del Grupo Parlamentario de
Morena presentó la iniciativa para la abrogación del decreto número 87 que
pretende impedir que durante el ejercicio de sus funciones los gobernadores no
reciban condecoraciones, honores o denominar con su nombre instituciones,
centros de servicios públicos o vialidades.
Asimismo,
refirió en consecuencia revertir el decreto expedido por el entonces gobernador
Ignacio Pichardo Pagaza, en la Gaceta de Gobierno el 3 de mayo de 1993, al
considerar que otorga apoyos y personal administrativo y de seguridad, ya que
no corresponde con el proyecto de austeridad y eficacia en el manejo de los
recursos públicos. Situación que privilegia a ex gobernadores, sobre el resto
de la población.
Aunque,
el argumento era vigilar por la seguridad de los ex gobernadores, esto rebasa
la temporalidad de sus funciones, ambos decretos están vinculados y en algún
tiempo justificaron esta actuación, sin embargo, consideró los tiempos de
impunidad con que actuaban las autoridades y legisladores del PRI, han cambiado
y ahora se debe cuidar el destino del erario público favorecer el estricto
cumplimiento de las tareas de servicio público.
Y
no corresponden con “Las actuales disposiciones en materia de austeridad y
eficacia en el ejercicio de los recursos públicos”.
Considero
que en caso de que los ex gobernadores requirieran seguridad por encontrarse
ante un posible riesgo, pueden acudir a la Fiscalía General de Justicia del
Estado de México, que cuenta los lineamientos para la protección, asignación y
seguridad a funcionarios o ex funcionarios del servicio público, previa
denuncia.
Explicó,
“En la Legislatura estamos ciertos de la importancia de garantizar condiciones
de igualdad en la seguridad, tanto a los servidores públicos, y de cualquier
persona, pero, esto se debe apegar a los principios de igualdad, transparencia
y austeridad”.
En
entrevista, la legisladora subrayó “Los privilegios se acabaron para ex
gobernadores, no habrá pensión, bono o remuneración
disfrazada a favorecer indebidamente a la clase política que se desempeñó en el
servicio públicos”, esto tras el dictamen de aprobación para abrogar”.
“El
decreto número 87 publicado el 18 de julio de 1945, en la Gaceta de Gobierno, y
por tanto queda sin efecto el decreto que expidió el ejecutivo el 7 de mayo de
1993, publicado en la Gaceta de Gobierno número 86”, argumentó
Cisneros
Coss afirmó que el Proyecto de Decreto es una demanda ciudadana, ante las
desigualdades sociales que existen en este país, donde hay más de 50 millones
de personas en pobreza.
“Quitar
los privilegios sobre todo en el Estado de México, una de las entidades que se
ha caracterizado por excesos de la clase política y la corrupción”, señaló.
En
la Gaceta se establece “Los ciudadanos que hayan ocupado el cargo de Gobernador
del Estado de México, tendrán al concluir su gestión la adscripción del personal
siguiente: A) Un Jefe de Ayudantes con categoría de Subdirector rango nueve; B)
Un Chofer con rango cinco; C) Tres ayudantes con categoría de Oficial de
Seguridad Pública, nivel 14, rango cuatro; y D) Una secretaria con categoría de
Secretario Particular de Secretario, nivel 27, con rango 9 del Gobierno
Estatal”.
Es
importante destacar que el Grupo Parlamentario de Morena tuvo acceso a un
documento oficial, obtenido por una solicitud de información, con fecha de 10
de septiembre de 2008, donde se informa que son 33 servidores públicos quienes
“cumplen las funciones de seguridad y
escolta. Dichos elementos están asignados a seis ex - gobernadores, y
están encargados de salvaguardar su
integridad física, sus derechos y su patrimonio, preservando así sus
libertades, el orden y la paz pública”
De
ellos, 3 tienen el rango de “Comandantes de Región”, con un sueldo mínimo de
$8,646.47 y sueldo máximo de $10,761.00;
10 con el rango de “Oficial”, con un sueldo mínimo de $6,913.44 y máximo
de 8,341.52 y 20 tienen el rango de
“Policía”, con un sueldo mínimo de $6,660.47 y máximo de 7,458.69, de acuerdo
con dicho documento.
Por
ello, la diputada Azucena Cisneros refirió con la aprobación de esta iniciativa
de Proyecto de Decreto que se presentó en el Congreso del Estado de México,
marca un precedente se establecen nuevas formas del ejercicio del servicio
público y la justicia que demanda la población.
Y “La punta del iceberg para seguir desmantelando de forma jurídica los
abusos y excesos de los políticos mexiquenses”.
Manifestó
que “En el Congreso del Estado de México, Morena es mayoría, y no tenemos
más que ser congruentes con la política de austeridad, estos excesos ya no
caben en estos tiempos. La población tiene claro que los servidores públicos
dejaron de ser virreyes y pasan a ser simples ciudadanos”.
“Más allá de un ahorro sustancial es un asunto simbólico,
y hoy tenemos que dar señales claras a los ciudadanos de que todo el tema de
privilegios quedó cancelado para nosotros y para la gente pudiente, también se
acabaron”. Al
considerar que en el pleno quedará aprobada esta iniciativa, aunque no descarta
que algún legislador del PRI no lo haga, pero será la sociedad la que juzgue
esta decisión, concluyó.
